El TC cierra los recursos del procés y Aldama irá a juicio en febrero
La actualidad judicial deja dos movimientos relevantes: el Constitucional rechaza los recursos de Junqueras, Turull y Romeva al considerar que han perdido objeto, y el juicio contra Víctor de Aldama por sus acusaciones a Félix Bolaños se celebrará el 17 de febrero.
La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el próximo 17 de febrero el juicio contra Víctor de Aldama por las declaraciones en las que acusó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de haber intentado sobornarle para comprar su silencio. El responsable de Justicia reclama al empresario una indemnización de 70.000 euros por esas manifestaciones realizadas en televisión.
El procedimiento se enmarca en la vía abierta tras las acusaciones vertidas por Aldama contra el ministro. La vista fijada para febrero deberá dirimir si esas afirmaciones lesionaron el honor de Bolaños y si procede la compensación económica solicitada por el titular de Justicia.
En paralelo, el Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos presentados por Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva al entender que han perdido su objeto de manera sobrevenida. El Pleno ha adoptado esta decisión después de que el Tribunal Supremo les haya aplicado ya la amnistía conforme a la doctrina establecida previamente con el recurso de Dolors Bassa.
La resolución del Constitucional cierra así esta vía de impugnación al considerar que la pretensión planteada por los recurrentes ya ha quedado satisfecha por la actuación posterior del Supremo. El alto tribunal entiende, por tanto, que ya no tiene sentido entrar en el fondo de unos recursos que quedaron desplazados por esa aplicación de la doctrina sentada en el caso de Bassa.
Los recursos han perdido su objeto «de manera sobrevenida».
Con estas dos decisiones, la agenda judicial nacional vuelve a situar en primer plano tanto los pleitos derivados de acusaciones públicas entre responsables políticos y empresarios como los efectos procesales de la amnistía en las causas vinculadas al procés.
Los hechos reflejan dos planos delicados para el Estado de derecho. Por un lado, las acusaciones públicas de enorme gravedad exigen prueba y control judicial, más aún cuando afectan al ministro de Justicia. Por otro, el cierre de recursos ligados al procés por la aplicación de la amnistía confirma hasta qué punto esa medida sigue condicionando la respuesta institucional a uno de los mayores desafíos sufridos por el orden constitucional en España.
