Adif omitió en transparencia la prórroga del contrato de señalización de Urda
Adif no publicó en sus registros de transparencia la prórroga del contrato con Hitachi para culminar la implantación del sistema ERTMS en el tramo del accidente de Urda. La omisión afecta a una modificación contractual que, según una de las informaciones, la empresa sí acostumbra a reflejar en otros casos.
Adif dejó fuera de sus registros de transparencia la prórroga del contrato con Hitachi para renovar la señalización en el tramo ferroviario del accidente de Urda, según ha publicado El Mundo. De acuerdo con esa información, la compañía pública suele hacer públicas las modificaciones de sus contratos, pero en este caso omitió la ampliación del acuerdo destinada a completar la implantación del sistema ERTMS.
La información sitúa el foco en una actuación directamente vinculada al tramo donde se produjo el siniestro. El ERTMS es el sistema cuya implantación debía culminarse con esa prórroga, según el citado medio. 20minutos, por su parte, enmarca este episodio en un contexto más amplio de problemas recientes en Adif y sostiene que la tragedia de Urda añade una nueva sombra sobre el historial de la empresa.
Ese segundo medio recuerda que en menos de un año se han producido dos accidentes con al menos 115 víctimas mortales en infraestructuras de Adif. También señala que la compañía ha quedado marcada en los últimos tiempos por presidencias efímeras, incidencias y la presunta implicación en el caso Koldo, en el que está imputada Isabel Pardo de Vera.
Las dos informaciones coinciden en subrayar el desgaste reputacional de Adif tras la tragedia, aunque abordan ángulos distintos: El Mundo pone el acento en la falta de publicidad de la prórroga contractual, mientras que 20minutos traza un balance del historial reciente de la empresa pública. Con las fuentes disponibles, no se recogen explicaciones de Adif sobre la ausencia de esa prórroga en el portal de transparencia ni una versión alternativa sobre el motivo de esa omisión.
La opacidad en una contratación ligada a un tramo que después ha quedado bajo escrutinio público vuelve a poner sobre la mesa un problema de control y rendición de cuentas en el sector público. Cuando una empresa estatal publica de forma ordinaria las modificaciones contractuales y en un caso sensible no lo hace, la exigencia de transparencia no es una opción política, sino una obligación básica en un Estado de derecho. Más aún si esa omisión se produce en un contexto de accidentes graves, sospechas de mala gestión y causas judiciales que ya erosionan la confianza en las instituciones.
Imagen: 19Tarrestnom65 · CC BY-SA 4.0
