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El Supremo y el TC agravan la polémica por la ley de nietos

La controversia sobre la 'ley de nietos' suma un nuevo frente judicial y otro administrativo. Hazte Oír reclama al Supremo ampliar la suspensión del voto, mientras persisten las dudas sobre la identificación de los beneficiados y el tamaño real del censo afectado.

Redacción ·
Foto do w:pt:Supremo Tribunal Federal do Brasil.
Foto: Everton137 · CC BY-SA 3.0

La batalla en torno a la llamada ‘ley de nietos’ se recrudece a dos días de que venza el plazo fijado por el Tribunal Supremo para identificar a los beneficiados por esa vía de nacionalización. Según El Mundo, Hazte Oír ha pedido al Alto Tribunal que extienda la suspensión del voto a los hijos de quienes obtuvieron el pasaporte español gracias a expedientes que están bajo sospecha, al entender que la medida cautelar acordada hasta ahora no les alcanza pese a haberse beneficiado de esos casos.

En paralelo, el frente constitucional también sigue abierto. ABC informa de que en un auto del Tribunal Constitucional ha desaparecido la crítica a la desidia del Gobierno que sí figuraba en un borrador previo. El mismo medio recoge, no obstante, que el tribunal mantiene que la falta de diligencia de la administración en el cumplimiento de lo ordenado por el Supremo no puede servir por sí sola para admitir un recurso de amparo mientras continúe abierta la vía judicial previa.

«La falta de diligencia de la administración a la hora de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Supremo no puede servir como fundamento para admitir un recurso de amparo en un momento en el que continúa abierta la vía judicial previa».

A la controversia jurídica se suma la discusión sobre el alcance real del censo afectado. 20minutos señala que un estudio del Observatorio del CEU cifra en 250.000 los electores nacionalizados mediante la ‘ley de nietos’, lo que supondría casi 90.000 más que las estimaciones manejadas por el Gobierno. Ese informe alerta además de un descomunal aumento del censo electoral en el extranjero.

El mismo diario añade que el Ejecutivo asegura estar volcado en la identificación de todos los beneficiados por esta vía cuando apenas restan dos días para que expire el plazo marcado por el Supremo. Las fuentes disponibles reflejan así una doble presión sobre el Gobierno: por un lado, la exigencia judicial de concretar a los afectados y, por otro, la disputa sobre si las medidas cautelares deben alcanzar también a los descendientes de quienes obtuvieron la nacionalidad en expedientes ahora cuestionados.

Los hechos conocidos apuntan a un problema de gestión con consecuencias institucionales y electorales de gran calado. Si el número de beneficiados es mayor de lo previsto y además persisten dudas sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la obligación del Gobierno es actuar con transparencia, diligencia y respeto escrupuloso al Estado de derecho, sin dejar zonas grises en una materia tan sensible como el censo y el ejercicio del voto.

Imagen: Everton137 · CC BY-SA 3.0