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Economía fuerza cambios en el decreto de centros de datos

El Ministerio de Economía introdujo hasta siete concesiones para suavizar la futura regulación de los centros de datos y reservarse la última palabra en sus revisiones. El sector sostiene que están en juego inversiones de entre 65.000 y 70.000 millones y un informe rebaja su impacto en la factura eléctrica.

Redacción ·
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Foto: Ministerio de la Producción · Public domain

El Gobierno ultima una nueva regulación para los centros de datos en España en un momento de máxima tensión con el sector. En la negociación interna del decreto, el Ministerio de Economía empujó para suavizar el texto y reclamó tener la última palabra en las futuras revisiones de la norma, una exigencia con la que buscó hacer viable el desarrollo de esta industria.

En ese proceso, Economía forzó hasta siete concesiones clave. El movimiento llega cuando las empresas especializadas y su patronal advierten de que España se juega una oleada de inversión multimillonaria. Las cifras varían según las fuentes, entre 65.000 y 70.000 millones de euros, una magnitud que explica la presión empresarial y política en torno al diseño final del decreto.

Uno de los argumentos más repetidos en el debate ha sido el eventual efecto de la expansión de estas instalaciones sobre el recibo eléctrico. Sin embargo, un informe citado en este contexto concluye que la llegada masiva de centros de datos tendría un impacto mínimo sobre la factura de la luz, lo que debilita una de las principales objeciones esgrimidas contra el sector.

El debate no se limita a España. En Estados Unidos, el negocio de los centros de datos también ha sufrido un revés político de calado. El rechazo de 40 de 41 propuestas para levantar este tipo de instalaciones en las elecciones supone un duro golpe para la industria y anticipa un cambio en la visión del Congreso sobre el sector en aquel país.

Ese precedente exterior añade incertidumbre a un negocio que en España contiene la respiración a la espera de la decisión final del Ejecutivo. El resultado de la negociación regulatoria será determinante para medir hasta qué punto el Gobierno prioriza la atracción de inversión y el desarrollo tecnológico frente a nuevas trabas administrativas.

Los hechos reflejan una rectificación parcial dentro del propio Gobierno: Economía ha tenido que intervenir para rebajar un decreto que amenazaba con poner en riesgo decenas de miles de millones en inversión. Si además el impacto sobre la factura eléctrica es mínimo, la discusión vuelve a situarse en el terreno de la burocracia y de la inseguridad regulatoria, un problema recurrente cuando el Ejecutivo legisla sobre sectores estratégicos.

Imagen: Ministerio de la Producción · Public domain