El juez imputa a 18 ex altos cargos del PSOE por Santana Motor
La investigación sobre las ayudas públicas a Santana Motor suma una nueva tanda de imputaciones en la macrocausa de Linares. En paralelo, otra información sitúa el foco sobre presuntos fondos vinculados por Víctor de Aldama a la financiación ilegal del PSOE.
El juez Vilaplana ha imputado a 18 ex altos cargos vinculados a los gobiernos andaluces del PSOE por el presunto desvío de ayudas millonarias a Santana Motor, según publica ABC. La decisión se enmarca en la macrocausa sobre los fondos destinados a la factoría automovilística de Linares y a las actuaciones posteriores impulsadas por la Junta de Andalucía pese al cierre de la empresa en febrero de 2011.
De acuerdo con esa información, la Junta continuó inyectando dinero público a Santana Motor meses después del cierre, con el argumento de reactivar el tejido industrial de Linares a través del denominado Plan Linares Futuro. La pieza judicial abierta por estas ayudas se suma a otras ramas de una causa que examina el destino de fondos públicos y la actuación de antiguos responsables políticos y administrativos.
Por otra parte, El Mundo informa de que la UCO ha acreditado 300.000 euros que Víctor de Aldama vincula a la financiación ilegal del PSOE. Según ese medio, el dinero fue transferido por un financiero amigo de Delcy Rodríguez antes de la visita de la dirigente venezolana a España en 2020. Esa información no se refiere a la causa de Santana Motor, pero coincide en el tiempo con un nuevo deterioro judicial para el entorno socialista.
Las dos informaciones publicadas este lunes afectan a ámbitos distintos, aunque ambas proyectan presión política sobre el PSOE. En las fuentes facilitadas no consta reacción de los afectados ni del partido a estas publicaciones. Tampoco se recogen, en el extracto disponible, los delitos concretos atribuidos a cada uno de los imputados en la pieza de Santana Motor.
La acumulación de frentes judiciales y de investigaciones sobre el uso de dinero público vuelve a colocar bajo escrutinio a la izquierda cuando prometía ejemplaridad y regeneración. A falta de que los tribunales depuren responsabilidades, los hechos conocidos refuerzan la necesidad de controles más estrictos sobre las ayudas públicas y de una fiscalización implacable del poder político para evitar que planes sufragados por los contribuyentes acaben bajo sospecha.
