El Supremo reclama 647.000 euros a Ábalos, Koldo y Aldama
El Tribunal Supremo ha requerido al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama el abono de 647.000 euros por cantidades y multas vinculadas al caso de las mascarillas. Les concede 15 días para hacer frente a esos pagos.
El Tribunal Supremo ha reclamado 647.000 euros a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en relación con las cantidades y multas derivadas del delito de cohecho en el caso de las mascarillas. El tribunal ha dado a los tres un plazo de 15 días para abonar esas sumas.
La resolución afecta al exministro de Transportes, a quien fuera su exasesor y al empresario investigado en esta causa. Además del requerimiento económico, el Supremo ha acordado practicar las correspondientes liquidaciones de condena de las penas privativas de libertad impuestas a Ábalos y a Koldo García.
La decisión del alto tribunal incluye también la obligación de que Ábalos y García indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec por la contratación de Jéssica Rodríguez. Las fuentes consultadas sitúan esa indemnización como otra de las consecuencias económicas acordadas en esta fase de ejecución.
El requerimiento del Supremo se enmarca en las actuaciones derivadas de la sentencia sobre las mordidas vinculadas a contratos de mascarillas, una causa que ha golpeado de lleno al entorno político del exministro. Con este paso, el tribunal activa el cobro de multas y cantidades fijadas judicialmente y avanza en la ejecución de la condena.
No consta en las informaciones consultadas que los afectados hayan efectuado por ahora esos pagos ni que el tribunal haya ampliado el plazo inicialmente fijado. Tampoco se recogen en estas fuentes nuevas valoraciones de las partes tras conocerse el requerimiento.
Este nuevo movimiento judicial vuelve a colocar bajo el foco un caso de presunta corrupción que afectó al entorno de un exministro socialista y que erosiona el discurso de ejemplaridad de la izquierda cuando se trata de gestionar dinero público. Que el Supremo tenga que reclamar ahora el pago de multas, cantidades e indemnizaciones refuerza la gravedad política de un escándalo que golpea la credibilidad institucional y subraya la necesidad de controles más estrictos, transparencia real y responsabilidades efectivas en la contratación pública.
Imagen: psoe extremadura · CC BY 2.0
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